Democracia real YA! Madrid

CAS, la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad, hace público el siguiente comunicado:

Hasta ahora, Comunidades Autónomas de diferente signo político han venido privatizando la sanidad “aprovechando” las posibilidades que ofrece la Ley 15/97, sobre todo a través de la construcción de hospitales privados, que son alquilados a las Comunidades Autónomas, que se ven obligadas a pagar durante 30 o 60 años cantidades mucho más elevadas que los costes reales del hospital (hasta 7 veces mas). Este modelo se conoce con el curioso nombre de “colaboración público-privada”.

El PP ha utilizado este sistema privatizador en la Comunidad Valenciana (hospitales de Alcira, Torrevieja, Elche, Denia y Manises), en la de Madrid (hospitales de Vallecas, S. Sebastián de los Reyes, Coslada, Parla, Arganda, Aranjuez, Majadahonda, Valdemoro, Torrejón y los de próxima apertura en Móstoles y Villalba), en Murcia (hospitales de Mar Menor, Cartagena y Mazarrón), en Galicia (Hospitales Xeral y Pontevedra) y en Castilla León (hospital de Burgos).

También lo ha hecho el PSOE –gobernando en coalición- en Cataluña (hospital del Bajo Llobregat) y Baleares (hospitales de Son Espases y Can Mises).

 Ahora el PP anuncia en Castilla la Mancha que, por primera vez hospitales públicos ya construidos y en funcionamiento (Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso), pasarán al modelo de “gestión público-privada, y que se utilizará el mismo modelo para construir o reformar los de Toledo, Cuenca y Guadalajara.

 La novedad es que, hospitales construidos y equipados mediante dinero público, con los impuestos de los ciudadanos y cuyo único fin era la prestación de asistencia sanitaria pública y gratuita, pasarán a manos de empresas privadas cuyo principal fin, como no puede ser de otra manera, será la obtención de beneficios económicos.

 La venta de hospitales de propiedad pública

 Con la excusa de “que no hay dinero “ (para los servicios públicos), los gobiernos del PP que copan desde la Administración central a las CCAA, recurren a los recortes y anuncian, “para tapar agujeros” a la subasta de los centros sanitarios públicos y el traspaso de hospitales tradicionales a empresas privadas. Este traspaso puede afectar al grueso de la red sanitaria pública y a centros que,  aunque cedidos para su utilización sanitaria a las CCAA, son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y propiedad, por tanto, de los/as trabajadores/as que los han sufragado durante décadas con sus cotizaciones.

 La “herramienta” para que esto último sea posible la “fabricó”, en julio de 2011, el gobierno del PSOE cuando, para sacar adelante la reforma de las pensiones, aceptó la propuesta de CIU de traspasar el patrimonio inmobiliario de la Seguridad social –y por tanto la propiedad y titularidad de  los centros sanitarios- a las CCAA, posibilitando a éstas su venta sin garantizar siquiera su uso sanitario –podría ser directamente especulativo-.

 La Ley 15/97, piedra angular de la privatización

 La privatización que pretende el PP en Castilla La Mancha desgraciadamente es perfectamente legal, dado que la Ley 15/97,  de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”, (aprobada en su día con los votos de PSOE, PP, CiU, CC y PNV), permite la explotación de los centros sanitarios públicos por empresas privadas, como ha reconocido el propio Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Todas las CCAA precisan de la Ley 15/97 para llevar a cabo cualquiera de sus propósitos privatizadores.

 En 2009, el PSOE se  comprometió en el Congreso a modificar la Ley 15/97, sin embargo, durante 2 años, el PSOE se dedicó a solicitar prórrogas, hasta que la disolución de las Cortes acabó con la posibilidad de modificar la Ley y frenar la privatización. Atrás quedan dos legislaturas -casi 8 años de mayoría- en las que el PSOE, aun viendo lo que el PP hacía en las comunidades valenciana y madrileña, entre otras,  ha mantenido la ley en vigor, de forma que en la actualidad el PP tiene vía libre para continuar privatizando el Sistema Nacional de Salud.

 Hoy más que nunca: contra la privatización, derogación de la 15/97

Con la victoria electoral del PP se evidencia aún más la necesidad de seguir extendiendo la lucha contra la privatización de la sanidad y, por tanto, por la derogación de la ley 15/97.

Tras el desastre electoral estamos asistiendo a un cambio de estrategia: portavoces del PSOE y de sus asociaciones satélites (naturalmente subvencionadas) se apuntan a todo tipo de movilizaciones “contra los recortes” y contra la privatización, cuando saben perfectamente que sin derogar la Ley, la privatización continuará.  

Desde la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad (www.casmadrid.org, info@casmadrid.org) hacemos un llamamiento a los grupos y organizaciones no subvencionadas, así como a las asambleas populares de Castilla La Mancha, para que se coordinen en un frente común por la derogación de la Ley 15/97 y contra la privatización, los recortes y el copago, para defender en la calle un sistema sanitario público, de calidad, gratuito y controlado y gestionado por usuarios/as y trabajadores/as, que somos los que lo financiamos.

Castilla La Mancha, enero de 2012.

Nota de prensa de la comisión de comunicación de la acampada de barcelona

Ayer estaban llamados a declarar en la Audiencia de Barcelona, ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los diputados implicados por los hechos sucedidos durante el Parlamento el 15J.

Por la mañana, los diputados convocados se acercaron a la Audiencia para prestar declaración, excepto Joan Boada y Salvador Milà quienes, en rueda de prensa en el Parlamento han recordado que van a presentar un escrito pidiendo no declarar y han resaltado que no quieren colaborar en un procedimiento judicial por unos hechos que no denunciaron y por los que no se sienten perjudicados, además de ser un procedimiento “iniciado por un movimiento de extrema derecha” como Manos Limpias. Los 2 diputados de Iniciativa per Catalunya han eludido declarar y deberán hacerlo en Madrid.

A través de las declaraciones de los diputados se explicó cómo en el 15J por primera vez en  la historia, la policía cerró todos los accesos al Parlamento a una manifestación, dejando únicamente la puerta de Wellington con Pujades como calle peatonal, con lo cual no se permitió que los diputados entrasen con coche al recinto, que es lo que suelen hacer muchos de ellos habitualmente. También ha quedado en evidencia que a algunos parlamentarios se les ofrecieron medios alternativos de acceso a la Ciutadella y a otros no. Sin saber muy bien cual fue el criterio para decidir a quiénes se les ofrecía estos medios alternativos, y a quiénes no.

Por otro lado, y a pesar de que se estaban produciendo incidentes en las puertas de la Ciudatella el 15J, las declaraciones de los diputados ponen en evidencia la sorprendente  fragilidad o la improvisación del dispositivo de seguridad previsto por el Departament  d’Interior así como el hecho de que no se infomase a muchos parlamentarios de lo que estaba sucediendo en las puertas de la Ciudatella.
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El PP de la Comunidad de Madrid lleva meses realizando una auténtica campaña de persecución a quienes defendemos la EDUCACIÓN PÚBLICA:

– Profesores/as obligados/as a impartir afines fueron represaliados/as por contar su situación en los medios de comunicación.

– Tres docentes (El director del IES Maestro Matías Bravo, en Valdemoro, dos directores de institutos de Velilla de San Antonio y de Arganda del Rey) podrían ser suspendidos de empleo y sueldo por protestar contra sus recortes.

– Acusación a IU, a la FAPA Giner de los Ríos y a otras asociaciones por el supuesto “negociazo” obtenido por la venta de las camisetas verdes.
– Dos limpiadoras del CEIP Fray Pedro de Aguado han sido sancionadas por llevar la camiseta verde con suspensión de empleo y sueldo durante dos días por su empresa FCC, entidad privada que gestiona diversos servicios públicos del Ayuntamiento de Valdemoro.

– Además, se nos ha impedido la libre circulación por algunas calles de Madrid por el mero hecho de vestir la camiseta verde, mientras que quienes no la llevaran podían pasear por ellas sin problemas.

– El domingo pasado a muchos y muchas de nosotras se nos impidió votar con la camiseta verde y se nos trató con una auténtica falta de respeto por parte de determinados representantes de la Administración, Presidentes de mesa e interventores/as del PP y del PSOE. Fuimos identificados/as por la Policía como si fuéramos delincuentes por exigir dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y el derecho al voto.

– Por si fuera poco, entre el viernes y el sábado, a más de 200 compañeras y compañeros les llegó un telegrama desde los juzgados en el que se les concedía 48 horas para presentar alegaciones por el incumplimiento del artículo 53 de la Ley Electoral (mencionando los acuerdos 82/2011 y 84/2011). Este plazo imposibilitaba poner en marcha los servicios jurídicos de los distintos sindicatos de la enseñanza o contactar con abogados/as que pudieran asesorarlas, puesto que las alegaciones debían ser presentadas el lunes por la mañana o bien el martes.

Como afirmaba ayer la FAPA Giner de los Ríos en una nota de prensa, “son tres los mensajes básicos que se desprenden del lema que aparece en las camisetas verdes: la reivindicación de la escuela pública, que la misma sea de toda la ciudadanía, y que sea para toda la ciudadanía. ¿Cuál de estos mensajes es el nocivo para ellos? ¿Por qué lo consideran perjudicial para sus intereses partidistas? ¿No deberían cambiar de actitud si no quieren darnos la razón a quienes decimos que quieren su desaparición y deterioro? Esa es la conclusión que debería desprenderse de su propia actitud.”

Es evidente que todas estas acciones represivas y persecutorias que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid tienen como finalidad desviar la atención de la opinión pública para poder continuar su ataque frontal al sistema público de educación.

Ante estos acontecimientos, denunciamos la gravedad de la represión indiscriminada de personas que trataban de ejercer su libertad de expresión y su derecho a voto, y exigimos que se lleven a cabo las acciones pertinentes para depurar responsabilidades y para reparar los daños causados, así como ofrecer a la población las explicaciones de tal atropello.

Compañeras denunciadas por la junta electoral han recibido esta denuncia. Han convocado este Martes 29 a las 11:00am en los juzgados de Plaza de Castilla una concentración donde autoinculparse. Reproducimos el texto de la convocatoria.

El domingo intentamos votar con nuestra #camisetaverde en el CP Amador de los Ríos y además de impedirnos ejercer nuestro derecho al voto, fuimos criminalizadas por la Policía (que nos pidió -en algunos casos quitó directamente de la manos- nuestros documentos nacionales …de identidad solo por llevar la camiseta verde y nos amenazó con una detención) y tratadas con una absoluta falta de respeto por parte del representante de la administración, Presidentes de mesa e interventores/as del PP y del PSOE.

Por si fuera poco, ayer a algunas compañeras les llegó un telegrama ( http://twitpic.com/7k9grt) desde los juzgados con una denuncia por incumplir la Ley Electoral. Tienen 48 horas para presentar las alegaciones que consideren necesarias.

He creado este evento para que todo el mundo pueda enterarse de lo que está pasando y solidarizarnos con aquellas personas que están recibiendo (o que podemos recibir, nadie está a salvo) estas denuncias por llevar camisetas que aluden a un derecho recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española. Juntémonos en Plaza de Castilla el martes a las 11’00 y “autoinculpémonos”. Que la ciudadanía se entere de cómo están recortando nuestros derechos, nuestra LIBERTAD DE EXPRESIÓN y que quienes realmente están cometiendo un delito son ellos/as y sin embargo es nuestra voz la que callan, somos nosotros/as los que estamos siendo represaliados/as.

¡¡ACUDID Y DIFUNDID!!

El próximo miércoles 30 a las 19:00h frente al sindicato CGT (c/ Alenza nº 13 <M> Rios Rosas) Habrá una concentración solidaria con el compañero Marcos Gutiérrez.

Es triste ver como organizaciones que debieran tener como objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores terminan adoptando prácticas dignas de las peores empresas con sus propios empleados.

Esto sin embargo es lo que ha sucedido con el secretariado del sindicato de limpieza de CGT que despidió el pasado 2 de Noviembre al compañero Marcos Gutiérrez, al que muchos conocíamos de movimientos sociales desde hace ya bastante años y que participó activamente en DRY Madrid desde las primeras asambleas pre15M.

Desde DRY Madrid nos unimos a todas las voces que exigen la readmisión del compañero y animamos a todos a enviar esta carta tipo en solidaridad con un despido claramente injusto y que ha de pesar a CGT, pues si este es el trato que reciben aquellos militantes más activos dentro de los movimientos sociales no quedará forma de diferenciar este sindicato de CCOO y UGT, será también otra más de las supuestos sindicatos, que más bien son empresas que viven de la negociación de los derechos de los trabajadores, y que no aspiran de modo alguno a la transformación social que organizaciones como DRY y todo el 15M tienen.

Os invitamos a reenviar esta carta tipo a las siguiente direcciones de correo, para seguir demostrando que la primera y más importante seña de identidad de este movimiento es la solidaridad con las personas que sufren injusticias.

Direcciones de correo para enviar la carta:

info@cgt-limpiezas-madrid.org

cgtmadrid@terra.es

spcc.cgt@cgt.es

Carta tipo:

El pasado 2 de noviembre, el compañero Marcos Gutiérrez recibió su carta de despido,  siendo éste disciplinario. Esto podría sorprender más o menos, pero dado que “la empresa” que lo despedía era el Sindicato de Limpiezas de CGT de Madrid, el hecho resulta lamentable e indignante.

En dicha carta se vierten acusaciones sobre Marcos Gutiérrez sin presentar pruebas, como que su cargo como Secretario de Acción Social de la Confederación Territorial de CGT de Madrid Castilla La Mancha y Extremadura interfería en su labor como administrativo del Sindicato de Limpieza. Además el compañero venía sufriendo acusaciones como la de uso indebido del equipo del Sindicato -sin aportar pruebas- desde hace varios meses.

Es inadmisible que un sindicato anarcosindicalista utilice el despido, herramienta de represión empresarial, como método de resolución de conflictos. El tratamiento y gestión de conflictos se debe realizar única y exclusivamente en el ámbito del sindicato, excluyendo vías contra las que luchamos diariamente en nuestros puestos de trabajo.

Pedimos la readmisión de nuestro compañero, siendo vergonzoso que se haya producido en estos términos, y pedimos responsabilidades a su Secretariado Permanente, por sus infundadas acusaciones y por el proceso que ha determinado la decisión de despedirle. Creemos que una organización anarcosindicalista y asamblearia debe ser modélica y transparente.

Las asambleas de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid convocan este domingo 27 una nueva movilización contra los recortes.

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