Indignación, legitimidad y desobediencia civil

Con su expresión pública de la indignación popular frente a ese verdadero “estado de excepción económica y social” que se ha instaurado desde la fatídica jornada del 9 de mayo de 2010 en Bruselas, el Movimiento 15-M está poniendo de manifiesto la profunda crisis de legitimidad que afecta a la política que surge de las instituciones representativas.

Pero para entender lo ocurrido conviene recordar que la situación a la que hemos llegado no es más que el final de un recorrido histórico del capitalismo occidental: éste, gracias a los pactos interclasistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pudo permitirse hacer compatibles sus necesidades de reproducción social con el logro de una legitimación política entre los y las de abajo mediante el reconocimiento progresivo de una serie de derechos sociales y a cambio de que los principales partidos y sindicatos no cuestionaran el sistema y, con él, la sobreexplotación que sobre el Sur, las mujeres y los combustibles fósiles ejercía.

Mayo del 68 intentó ir más allá de esos límites pero no llegó a tener la fuerza suficiente para saltárselos. Pero pronto se pudo comprobar que los pactos suscritos eran asimétricos y tramposos, ya que sirvieron a ese capitalismo mientras duró su fase de expansión económica para pasar luego, a medida que ésta se agotaba y necesitaba restaurar su tasa de ganancia, a ir recortando y devaluando las conquistas logradas, asumiendo así el neoliberalismo como proyecto hegemónico e imponiéndolo –gracias también al control de los grandes medios de información y comunicación- como “sentido común” dominante, también entre muchas capas populares

Dentro de ese proceso los sistemas de democracia representativa se fueron deteriorando y los partidos se convirtieron en electorales-profesionales, transformándose muchos de sus cargos públicos en “políticos de negocios”, cada vez más vulnerables a la corrupción. Esa dinámica fue generando una creciente desafección ciudadana hacia las instituciones y un rechazo a la “clase política”, reflejados en la abstención, el voto blanco y el nulo, pero también en el aumento de la búsqueda de formas de participación política no convencional. Mientras que muchos y muchas votantes de los grandes partidos lo siguen haciendo simplemente por lo que consideran “mal menor” y no por afinidad ideológica, ya que saben que en lo que afecta a las principales decisiones sobre política económica y social no son los gobiernos ni los parlamentos los que cuentan: son los poderes extraparlamentarios “de arriba” los que imponen los límites de la política posible; porque, como alguien dijo, “los mercados votan todos los días”.

Esas tendencias se han manifestado con mayor gravedad en el caso español, ya que desde la transición política se conformó un régimen que no sólo no hizo el necesario ajuste de cuentas con el franquismo sino que se basó en el establecimiento de unas garantías de “gobernabilidad” y de centralidad de los grandes partidos políticos que ni siquiera han facilitado el ejercicio de formas de democracia semidirecta como la Iniciativa Legislativa Popular o los referendos populares, a diferencia de lo que ocurre en países tan cercanos como Italia, según hemos comprobado recientemente. Si a esa “democracia de baja intensidad” sumamos el coste creciente que han supuesto el proceso de “integración europea” a partir del Tratado de Maastricht bajo hegemonía neoliberal (privatizaciones, precarización laboral, depredación ambiental) y el “capitalismo popular” que con la burbuja inmobiliaria se ha ido difundiendo desde mediados de los años 90 del pasado siglo, era fácil prever la mezcla explosiva que se estaba gestando y que acabaría estallando con la crisis sistémica desde finales de 2008. Sin embargo, pocas fueron las voces (las de José Manuel Naredo y Ramón Fernández Durán destacan sin duda entre ellas) que alertaron frente a ese “tsunami” urbanizador, depredador y corruptor que parecía tan “natural”.

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