AcampadaSol.- Los letrados de los detenidos tras la movilización en Madrid contra la reforma laboral del pasado viernes 10 de Febrero han denunciado el pasado 16 de Febrero al Colegio de Abogados de Madrid el trato dado por los funcionarios policiales a los detenidos y a los propios abogados y abogadas en la Comisaría de Moratalaz.
En la denuncia se relata que al acceder al control de la comisaría de Moratalaz para asistir a sus clientes fueron recibidos por tres personas -supuestamente policías- encapuchadas, sin uniforme, vestidas de paisano, que no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles, y que otros -supuestos policías- también encapuchados, y tampoco identificados, tomaron declaración a los detenidos. Aunque esta nueva práctica policial no tiene respaldo legal alguno, se justificó por “motivos de seguridad”. En la denuncia también se señala que los funcionarios policiales no respetaron la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos con sus defensores.
En el escrito se vuelve a denunciar el incumplimiento sistemático de la obligación por parte de los agentes de Policía, y en especial de la UIP, de estar continuamente identificados ante la ciudadanía. Recordemos que todos los funcionarios policiales deben de llevar “obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad.” (art. 18 del RD 1484/1987, de 4 de diciembre). El incumplimiento de dicha obligación es constitutiva de una falta grave según la Ley Orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. En estricto cumplimiento de la Ley, deberían abrirse de oficio procedimientos sancionadores contra aquellos agentes que actúan sin portar de forma claramente visible su número de identificación personal; la omisión de apertura de expedientes puede entenderse como un tácito respaldo por parte de la Administración a una ilícita práctica policial, que favorece la impunidad sus conductas.
La Comisión Legal denuncia que estas prácticas policiales son símbolos de la alarmante aplicación del derecho penal de enemigo reconocida hace pocos días por el máximo responsable de Policía de Valencia, más característica de un Estado autoritario que de uno que se considere democrático, criminalizándose conductas que no suponen peligro alguno para bienes jurídicos sino que son simples manifestaciones ideológicas, producto del derecho a la libertad de expresión.
En teoría un Estado democrático los funcionarios policiales están al servicio de la ciudadanía y deben salvaguardar los derechos fundamentales de la misma, pero, en nuestra realidad, el Estado está utilizando a estos funcionarios para tratar a la ciudadanía, especialmente a la que se muestra más reivindicativa, no como sujetos de derechos si no como enemigos a los que combatir, utilizándose no solo formalmente un lenguaje bélico, sino que materialmente las garantías jurídicas de que deberían gozar las personas privadas de libertad comienzan a brillar por su ausencia.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Comisión Legal espera que el Ministerio de Interior asuma sus responsabilidades, ordenando de forma expresa el escrupuloso respeto de los derechos que constitucionalmente tiene reconocida la ciudadanía de este país, incluida la que, eventualmente esté privada de libertad, y se depuren las responsabilidades en que han incurrido los autores de los hechos denunciados.
